jueves, 9 de octubre de 2014

TRANSPARENCIA


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Aunque nos parezca increíble, la mayoría de las sociedades desarrolladas intentan poner impedimentos a la corrupción, que es el origen del atraso y de la pobreza de las menos desarrolladas. La mayoría lo consigue a través de una compleja función pública que la dificulta, sin embargo, el trato del ciudadano con el Estado se hace engorroso y hace difícil la detección de lo que pretende combatir. Finalmente quien termina pagando, tanto a esta función pública como la corrupción que consigue filtrarse, es el ciudadano, principalmente el medio y el más débil. El primero con su dinero y el segundo al no poder recibir las prestaciones para su supervivencia. La clase poderosa, gracias a pactos entre ella o a detentar el poder de manera casi exclusiva, consigue romper una brecha en la función pública, sea con mecanismos hechos a propósito o leyes diseñadas para esquivar sus responsabilidades.
Pero no por eso es menos importante la corrupción de bajo nivel, tan perjudicial como la anterior, primero porque consigue corromper a la sociedad desde su interior, y segundo porque es masiva.
¿Cómo podemos luchar contra esto?
Solo con educación, porque, al contrario de lo que explican algunos gurus de la informática, no existe la herramienta perfecta. Lo único que podrían conseguir dichos sistemas, siempre y cuando estén bien diseñados, sería hacer más llevadera la función pública.
No es el caso. Actualmente entrar en las webs de la administración, para la mayoría se convierte en un suplicio, una carrera llena de obstáculos que hace imposible su utilización, primero por la jerga empleada y segundo por la multitud de variantes y cambios. El resultado es que el ciudadano medio sin recursos, termine pagando los servicios de un intermediario, que encima suele equivocarse por lo mismo.
Quizá la informática haya conseguido, en unos pocos casos, facilitar el trabajo del ciudadano, pero solo por coincidencia, porque el Estado no pensaba en él al imponerla sino en limitar la carga de su funcionariado. Solo la clase más elevada ha podido beneficiarse de ella, ya que dispone de los recursos suficientes para utilizarla.
Y sí, es posible que la informática haya conseguido dificultar la corrupción, pero una vez más solo al ciudadano con menos recursos.

¿Cómo podemos educar a la ciudadanía, desde su escalón más bajo hasta el más elevado?
Acostumbrándola a la transparencia. Y eso si puede conseguirse con las nuevas tecnologías, principalmente con las de la información.
Es importante que el ciudadano participe de los presupuestos, pero esto tampoco lo es todo. Se trata que la administración publique cada gasto que hace, con sus facturas correspondientes, para que cualquiera pueda hacer un seguimiento de él. Al principio será difícil, encontraremos reticencias; con el tiempo el ciudadano se acostumbrará a entrar y a discutir cualquier gasto, tal como tras un partido todo el mundo es un buen entrenador, o en una asociación de vecinos todos tienen un amigo que hace la remodelación más barata. Pero con los años este mismo ciudadano irá discriminando lo que escapa a su sabiduría, para concentrarse en lo que verdaderamente entiende. El jardinero, el carpintero, el distribuidor de combustible, de automóviles. Cada uno de ellos indagará y se preocupará por los temas que más le atañen, se preguntará por qué el contrato de iluminación se lo ha llevado tal o cual, lo investigará y quizá descubra un error o aprenda una nueva técnica. La competencia aumentará y con ella la eficiencia y las nuevas ideas, porque este ciudadano puede tener una solución más práctica y asequible, entrará en el debate y despertará dudas entre los que ya estaban dispuestos a aprobarlo.
La horizontalidad nos habrá llevado a la democracia directa, y la posterior madurez a la participativa. Sin embargo, es la transparencia la que nos hará más fuertes y seguros, habrá conseguido lo más importante, educar a la ciudadanía y evitar que caiga en el populismo. Un concejal ya no deberá temer por el resultado de sus actuaciones, porque solo será el administrador de la voluntad del ciudadano.


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