jueves, 19 de abril de 2018

La Renta Básica Universal a debate


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Una de las funciones de la Renta Básica Universal es la redistribución de la riqueza, que puede ser una herramienta relativamente eficaz para corregir el desequilibrio de rentas en algunos países.
¿A qué viene lo de relativamente?
Generalmente los países donde el coeficiente de Gini es más elevado, son los que muestran menos diferencia impositiva entre los más y los menos ricos, por lo cual podríamos entender que la RB podría servir para corregir la desigualdad impositiva de algunas sociedades. Sin embargo, no olvidemos que la finalidad de utilizar un sistema impositivo que beneficia a los más ricos, es para aumentar o, en el mejor de los casos, mantener el desequilibrio económico; lo que da a entender que en este tipo de sociedades la RBU nunca podrá ser posible, a no ser que sirva para el beneficio de las clases más elevadas. De hecho lo que se pretende con la RBU, no hablamos de sus creadores, es traspasar la responsabilidad del pago del estado del bienestar al usuario, a través del dinero recibido por la Renta Básica Universal. Obviamente esos servicios, como la sanidad o la educación, quedarían en manos de la empresa privada, que, tal como hace ya ahora, ofrecería un escalado de calidad y de servicios a tenor de lo contratado, cuyos mínimos entrarían en lo aportado por el Estado. Evidentemente, se trata de encubrir la privatización con la RBU, traspasando la responsabilidad de su contratación a los usuarios, dejando de lado la igualdad en unos servicios indispensables para la supervivencia y el desarrollo cultural de todas las personas por igual.

En el caso de los países con el coeficiente Gini más bajo en salarios y rentas, además de un sistema impositivo más igualitario, la RBU carece de utilidad práctica, a no ser que sirva para combatir el posible y engañoso desempleo tecnológico o para legitimar un reparto de la riqueza desigual, que a fin de cuentas es como terminaría. Curiosamente esta afirmación, fácilmente demostrable con una adecuada formulación, choca directamente con la realidad, ya que los países con el coeficiente más bajo han sido los primeros en implementar la RBU.
La RBU trata de repartir de manera igual y universal, una cantidad de dinero que el Estado debe recaudar a través de un sistema impositivo progresivo. La RBU no es tan onerosa para el Estado como algunos nos quieren hacer creer, ya que muchas de las aportaciones, que ahora mismo se reparten entre algunos colectivos o ciudadanos en precariedad, quedarían automáticamente eliminadas, lo cual significa que esos ciudadanos quedarían en desventaja con respecto al global. Por contra, muchos prejuicios de tipo racista o de clase dejarían de tener sentido, lo cual no significa que desaparezcan. El racista nace y muere siéndolo, por mucho que la sociedad le demuestre su error. En España los inmigrantes sin la documentación que les acredita como residentes, han perdido el derecho a la educación y a la sanidad, y no por ello los racistas han dejado de verlos como beneficiarios de esos servicios y de muchos más, cuya existencia solo está en su imaginario. Mientras que los que tienen la documentación en regla, es porque trabajan y, por tanto, contribuyen positivamente a cubrir las pensiones y los servicios del resto, con los mismos derechos y deberes que cualquier otro ciudadano excepto el del voto. El ciudadano con menos recursos por su salario o por tener más hijos, sea inmigrante o nativo, al recibir la RBU dejaría de percibir las ayudas a las que ahora tiene derecho. Y, ciertamente, es el inmigrante trabajador quien más se acerca al modelo expuesto.
La RBU, por tanto, no deja de ser una herramienta que voluntaria o involuntariamente, sirve para legitimar y enquistar el desequilibrio salarial y de rentas, ya que es un modo de corregir este desequilibrio a través de una inyección monetaria a los salarios por parte del Estado, cuando lo justo sería garantizar, mediante un buen sistema fiscal y regulatorio, más igualdad entre los beneficios del trabajo y de la renta, y entre el salario productivo y el de gestión.

Una de las excusas más delirantes de la RBU es que el trabajo no dignifica, sin embargo, a nuestro modo de ver lo que no dignifica es tener la consciencia de que solo por haber nacido humano y en un país más o menos rico, se tiene el derecho a la subsistencia, que será posible gracias al trabajo de otros, muchas veces de sociedades extranjeras y explotadas. Esta seguridad de subsistencia, pese a ser un derecho, no puede ser motivo de abandono. Para nosotros el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo digno a todos los ciudadanos, sin importar su origen o capacidades, y si por incapacidad de este mismo Estado o del ciudadano no se pudiera, ha de ser el Estado, como responsable garantista, quien ha de cubrir la subsistencia del desafortunado.
La actual propuesta de RBU, al eliminar las múltiples ayudas que actualmente se reparten, simplificaría enormemente la administración. No olvidemos que los beneficiarios de estas ayudas necesitan una gran variedad de requisitos y tienen múltiples facetas, que precisan un gran esfuerzo de inspección y de administración. Según sus promotores todo este esfuerzo administrativo se podría obviar; sin embargo, olvidan que gran parte de los beneficiarios no reciben la ayuda directamente en forma dineraria sino en servicios, y que otra parte es administrada por asociaciones externas a la administración, que reciben subvenciones directamente según el proyecto propuesto. Es evidente que los beneficiarios seguirán necesitando el soporte del estado, sea a través de esas organizaciones, de los servicios sociales de las administraciones locales o del mismo gobierno central. Solo pequeños grupos de ciudadanos podrían beneficiarse directamente, ahorrando esfuerzo administrativo, como por ejemplo las familias numerosas. El resto quedaría expuesto igualmente.

En cualquier caso no podemos obviar que los servicios que tienen que ver con el estado del bienestar no han depender de la previsión del ciudadano sino del Estado, porque es este quien finalmente termina garantizando la digna supervivencia del mismo. El Estado de Bienestar es responsabilidad final de la sociedad como colectivo, por lo cual no debe confiar en el libre albedrío del individuo ciudadano, para que decida la gestión de sus derechos esenciales. El bienestar, la seguridad y la libertad de la sociedad, dependen directamente del estado de bienestar de todos sus ciudadanos individuos, de modo que ha de ser ella la que decida las distintas partidas y para lo que han de servir. No es de recibo que el dinero que un individuo recibe para la educación y la sanidad de sus hijos, se utilice para las vacaciones de la familia, porque sin duda será la sociedad quien termine solucionando o sufriendo su mala gestión.

Al no tratarse de un aumento de la masa monetaria, sino una redistribución más equitativa de la misma, en principio no debería provocar inflación, aunque una redistribución del dinero, de las capas más ricas, es decir las más ahorradoras, hacia las más humildes, necesariamente crea un crecimiento de la demanda, en este caso muy centrado a servicios como los alquileres y los servicios y bienes de consumo más básicos, que sufrirían un aumento de precio en proporción, a no ser que el mismo Estado se cuidara de regularlo facilitando el aumento de su producción. La disminución del ahorro, que con el aumento de la producción se podría recuperar con relativa facilidad, ayudaría a controlar la inflación, pero en los bienes de consumo para las clases más adineradas. No olvidemos que la economía de mercado se regula por si misma, pero siempre con sistemas de control para evitar crestas excesivas, tanto negativas como positivas.


Una vez desarrollada la RBU se podría acercar a la propuesta del Trabajo Garantizado. En este caso las personas no tendrían ninguna subvención solo por serlo sino el derecho a un trabajo, se entiende que las capacitadas para tenerlo. Las ayudas sociales a las personas más vulnerables no se eliminarían, al menos hasta no haber superado su vulnerabilidad. La RB en este caso podría servir para igualar las ayudas en ciertos casos, como una cantidad de dinero fija por hijo, sin entrar a valorar la fortuna de los progenitores.
La educación, la sanidad y los servicios que la sociedad considera indispensables para una supervivencia digna, ya son parte de la RB, pero en especies directamente, de modo que nadie puede disponer de su coste para otros menesteres. La sociedad, en este caso, ha de tratar esta inversión como una subvención finalista, que su receptor no puede desviar.
El trabajo garantizado, al contrario que la RB, genera riqueza directamente, junto al mismo aumento del movimiento dinerario, pero esta vez a través del trabajo. Obviamente genera esfuerzo administrativo, pero menos del que ahora mismo representa la gestión y el control de las ayudas que la administración entrega a los más desfavorecidos.
El trabajo que la administración garantiza al ciudadano solo puede servir para resolver la supervivencia con dignidad. El trabajo no es en este caso una obligación, pero si el medio de subsistencia para todo aquel que pudiendo trabajar no tenga ni quiera vivir a costa del trabajo de los demás. Al ser garantizado, el Estado está obligado a entregar un salario a todos por igual, siendo su responsabilidad dar el trabajo.

Hay que tener en cuenta que los bienes de consumo más esenciales y de precio ajustado provienen de la importación. El ciudadano beneficiario de la RB será más exigente ante la oferta de trabajo, por lo cual el empresario tendrá, necesariamente, que modernizar su empresa con tecnologías que suplan el trabajo, además de aumentar sensiblemente el salario de oferta. Eso conlleva necesariamente a una caída de la producción de bienes de consumo de valor reducido y a un aumento de su importación. En el caso de la RB, esos bienes también serían los más demandados y su consumo no generaría más riqueza al país que la implementa, es decir que solo aumentaría el consumo de productos foráneos.


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domingo, 8 de abril de 2018

Análisis político de la actualidad Agrícola y una propuesta Pirata





 (Este artículo está extraído de la web de Pirates Verds y ha sido redactado como propuesta programática de Pirates de Catalunya para el área de agricultura)


La agricultura es una fuente irremplazable de alimentos. Estos pueden obtenerse bien de proximidad o por lo contrario pueden hacerse llegar de explotaciones situadas a larga distancia. Igualmente podemos optar por adquirir productos de pequeños productores en agricultura de mosaico o de grandes explotaciones en monocultivo. La decisión es individual de cada consumidor y es una decisión política.
El papel de las administraciones es garantizar que esa decisión política se toma con conocimiento de sus consecuencias, tanto a nivel económico como social y ecológico. Asimismo, debe garantizar una correcta competencia entre los dos tipos de agricultura, asegurando el entorno económico que permite corregir los desequilibrios que en una economía de mercado favorecen a aquellos que obtienen un menor coste de producción a base de ignorar las externalidades negativas.
La progresiva mecanización de la agricultura conlleva una mayor concentración de la actividad. A fecha de hoy el 3% de las explotaciones agrarias concentran el 50% de la tierra cultivada en Europa, con lo que ello implica para la pérdida de la diversidad de alimentos, el empleo, los recursos naturales e, incluso, los paisajes del medio agrícola. Del mismo modo, la progresiva desaparición del campesinado al devaluarse el valor de su mano de obra frente a la rentabilidad de la maquinaria, aboca a muchos pueblos a desaparecer, creando yermos y concentrando la población alrededor de unas ciudades cada vez más alejadas del medio rural y, por lo tanto, más desconocedoras de la realidad del campesinado, así como de las externalidades y consecuencias de su elección en la compra de alimentos.
Finalmente, el crecimiento de estas ciudades pone presión sobre las tierras circundantes a las mismas, lo que lleva a muchas administraciones a ver dichas tierras como una reserva de crecimiento, que en su día serán calificadas como urbanas con el consiguiente incremento de precio de estas. Este proceso de especulación aleja también a los agricultores de estas, ya que la especulación valora las tierras en función de su posible valor futuro y no en función de la rentabilidad que la explotación agrícola de las mismas puede generar.
OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS EN RELACIÓN A LA AGRICULTURA
Los gestores políticos han de garantizar, con sus decisiones, que la ciudadanía disponga de toda la información relevante a la hora de tomar sus decisiones. Para ello deben asegurar, entre otras cosas, la existencia de fuentes de alimentación de proximidad, un mayor contacto entre la población rural y la urbana, y un fácil acceso de las producciones agrarias a los mercados urbanos. Esto debe hacerse mediante políticas a largo plazo, que tengan como objetivo el mantener en activo tierras agrícolas, asegurar las condiciones para que las mismas sean rentables y controlar la densidad urbana mediante pulmones verdes destinados a la agricultura.
Las políticas públicas agrarias pueden discriminar positiva o negativamente. Entre las primeras estaría la de favorecer las prácticas que tienen un menor impacto medioambiental o un mayor impacto social. La discriminación negativa consistiría en hacer tributar las prácticas contrarias, llegando obviamente a prohibir algunas.
Entre las políticas públicas a promover están:
  1. Mejorar la transparencia del mercado, tanto lo que hace referencia a las posibilidades de adquisición de tierras baldías, como de explotaciones ya en activo que carezcan de relevo generacional, intentando evitar la excesiva concentración de tierras en pocas manos.
  2. Facilitar la sucesión en la titularidad de las explotaciones agrícolas tanto a nivel fiscal, eliminando impuestos de sucesiones o transmisiones si se continua la actividad (*) como formativo (promoviendo la educación profesional). Asimismo, debe promoverse un régimen favorable al alquiler de aquellas fincas cuyos propietarios no desean continuar la actividad agrícola.
  3. Desarrollar agencias públicas destinadas al asesoramiento y financiación de los nuevos agricultores. La progresiva mecanización (ya incluso robotización) está dejando obsoletos muchos de los principios por los que se ha regido la agricultura en las últimas décadas. Adaptarse a las nuevas tecnologías supone una inversión que no siempre está al alcance del agricultor.
  4. Corregir la especulación que están sufriendo las tierras agrícolas situadas entorno a núcleos urbanos, mediante un impuesto sobre tierras baldías, la compra de tierras por parte de las administraciones públicas, y la elaboración de planes urbanos que identifiquen las parcelas agrícolas como pulmones verdes y que garanticen la conservación de estas.
  5. Facilitar la elaboración de productos alimentarios en las propias explotaciones, tanto mediante la promoción de la figura del artesano alimentario, con unas exigencias de elaboración proporcionadas a su tamaño, como la promoción de los sellos de calidad correspondientes.
  6. Promover la comercialización de los productos agrícolas de proximidad en comedores comunitarios dependientes de las administraciones, la celebración de mercados exclusivos y facilitar la venta directa. Asimismo, educar en la consciencia tanto de la importancia de una alimentación “sana” como del impacto medioambiental y social de la agricultura de proximidad.
  7. Crear caminos públicos para facilitar el senderismo y la visita de las explotaciones sitas en los alrededores de los núcleos urbanos
(*) En caso de pequeñas explotaciones familiares


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viernes, 16 de marzo de 2018

Brecha salarial y Techo de Cristal

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 (Este artículo, al igual que los últimos de este blog, está extraído de la web de Pirates de l'H)


No son pocos los conocidos y amigos, que con motivo de las manifestaciones y de la huelga feminista confiesan no entender la queja, puesto que según ellos no existe, en ninguna empresa que conocen, agravio salarial. Según ellos las mujeres disfrutan, por el mismo puesto y carga laboral, el mismo salario que el hombre.
Por supuesto, nuestros amigos no se habrán preocupado demasiado por averiguar la verdad, deben haberse circunscrito a algunas empresas que pagan el salario más bajo permitido, de modo que en este caso es relativamente fácil no encontrar diferencia, excepto en algunos detalles difíciles de explicar si no es por prejuicios claramente machistas.
Obviamente una empresa no puede hacer diferenciación salarial entre hombre y mujer, principalmente si es por el mismo puesto de trabajo, a nosotros nos costaría bastante encontrar una empresa así; no obstante, nos llega información de algunas empresas que sí hacen distinción. Este tipo de empresa no tiene por qué ser familiar o pequeña, tal como sucede en el medio rural, donde encontramos el mayor desnivel de salarios; lo podemos encontrar en las grandes empresas, algunas de ellas muy conocidas en el ámbito de la gran superficie y en la misma administración pública. Este modelo de empresa valora más el trabajo masculino que el femenino, sin que nadie nos haya podido dar una explicación razonable del por qué, ni siquiera algunos de sus directivos contactados por representantes de nuestro partido.
Muchos estudiosos y las empresas en algún caso, excusan la diferencia salarial con las horas de trabajo. Según ellos la mujer, posiblemente por sus necesidades familiares, no puede trabajar tantas horas como el hombre, por lo cual se resiente el global de su salario. Estas tareas del hogar son los llamados Cuidados, uno de los pilares de la huelga general feminista del pasado 8 de marzo. Los Cuidados engloban las tareas de limpieza del hogar, cocina, cuidado y atención de menores y mayores a cargo. Los Cuidados, fundamentales para el sostenimiento de la sociedad, no son considerados trabajo y no están remunerados, por lo tanto se estigmatizan como de poca importancia y no se les tiene en cuenta. La filósofa italiana Silvia Federici explica en su libro “Revolución en Punto Cero” la apropiación del trabajo doméstico y reproductivo, absolutamente necesario para desarrollar el productivo.
En relación a este tema FEDEA ha desarrollado un excelente trabajo que muestra las diferencias salariales entre hombre y mujer por hora trabajada y en puestos de similar o igual responsabilidad, en cada uno de los estratos profesionales y de edad. Este trabajo es muy completo y además está coordinado con otros similares realizados en el resto de países de la Unión Europea.
Lo cierto es que según el último análisis de Geshta (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), mucho más generalista y con datos del mismo ministerio, las mujeres asalariadas del Estado español cobran de promedio el 29,1% menos que los hombres, bastante menos si en este cálculo descontamos las que por su profesión especializada cobran igual, siendo sus datos utilizados para valorar el coeficiente.
La brecha es menor en el caso de los trabajadores más jóvenes, aunque en este caso son más ellas que los hombres con un salario inferior a los mil euros. En todos los trabajos realizados sobre este tema apreciamos que la brecha se acentúa a medida que aumenta el salario. Este fenómeno puede apreciarse muy bien en España, es decir, que en las comunidades con mejores salarios la diferencia se acentúa; así como en los países con un salario más elevado la brecha aumenta significativamente, pero con variaciones producto de su idiosincrasia cultural, legislativa o de reparto de riqueza.
Existen numerosos estudios y opiniones sobre el por qué de esta gran diferencia. Para nosotros y desde una visión objetiva y exclusivamente socio económica, esa diferencia radica no solo en los prejuicios de la misma sociedad, incrustados desde hace innumerables siglos, sino también en la maternidad, no como impedimento para desarrollarse profesionalmente sino por la gran competitividad que últimamente nos hemos impuesto como sociedad laboral. Santiago Niño-Becerra comenta en su blog, que el Techo de Cristal que la mujer debe romper es la dependencia de la maternidad; sin embargo, nos preguntamos de quién es en realidad este Techo de Cristal, si de la sociedad en su totalidad o solo de la mujer.
El problema es el modelo de trabajo. No albergamos ninguna duda que la mujer está igual de capacitada que el hombre, no existe ningún dato que diga que las jóvenes salen de la ESO, del bachillerato o de la Universidad, menos preparadas; en cualquier caso y según los datos del ministerio, lo están más que los hombres, sin embargo, los puestos que se les ofrece son de más bajo nivel.
Una gran multinacional contrata a sus directivos no solo en relación a su preparación sino también a su disponibilidad. Un directivo que cobra doscientos mil o medio millón de euros carece de horario, tanto puede estar sentado en su mesa, analizando los últimos datos llegados de sus fábricas, como a las pocas horas coger un avión hacia Karachi sin conocer el día de vuelta. El director comercial de una gran empresa nunca está seguro de la hora que llegará a su casa, ni siquiera si dormirá en ella. Y tampoco se trata de excusar la brecha tras qué priorizamos, si la relación y el bienestar familiar, u otro modelo de bienestar social que ni es necesario ni tiene una razonable explicación económica. Actualmente con las nuevas tecnologías de la comunicación y un sistema más colaborativo en el trabajo, vivir pendiente de un avión ya no es necesario. La crianza de los hijos o, de no tenerlos, la simple relación afectiva con los más próximos, es tan necesaria para la mujer como para el hombre.
Si bien la brecha salarial comienza en los primeros contratos, va aumentando con el paso del tiempo acentuándose a partir de los 26 años, precisamente cuando la mujer suele empezar a quedarse embarazada. El hecho que ya en los primeros contratos exista una diferencia, puede deberse a un reflejo condicionado por el futuro.
En el trabajo de FEDEA podemos apreciar cómo, durante los años de crisis la brecha salarial se redujo, sin embargo, en el actual trabajo desarrollado por Geshta se aprecia una sensible subida en el 2016, seguramente producto por el aumento de los contratos a tiempo completo. Entendemos pues, que la brecha se redujo en esos años de crisis por los despidos masivos de trabajadores a tiempo completo y el aumento de los contratos a tiempo parcial. La mujer no solo es más proclive a adoptar por sus condicionantes sociales y familiares el contrato parcial, sino también tiene mayor dificultad en encontrar un trabajo a tiempo completo, debiendo demostrar, para conseguirlo, mayores aptitudes y libertad horaria que el hombre.
Apreciamos también una relación muy directa del desequilibrio salarial entre hombre y mujer con la demografía.
A principios de los ochenta la brecha salarial era muy grande, cuando solo el 35% de las mujeres trabajaba; pero a medida que la mujer ha ido entrando de manera masiva en el mercado de trabajo, la presión social por equiparar los salarios y el reparto del cuidado de los niños, ha hecho que vaya disminuyendo a la par con el descenso de nacimientos. En esos últimos años la natalidad se ha estabilizado en cifras muy reducidas, coincidiendo también con una disminución del 0,4% en la brecha. El pequeño repunte de esta en una décima del pasado año, coincidiendo con la cifra más baja de la natalidad de todos los tiempos, podría ser debido a un pequeño aumento de los contratos a tiempo completo, en detrimento a los de tiempo parcial.
No podemos obviar en este estudio, que el salario más frecuente en España según el INE  es de 16.500€ de media, unos 17.500€ para los hombres y 14.500 para las mujeres, no ha experimentado ningún aumento en los últimos diez años. Este desgraciado fenómeno de congelamiento del salario, al menos debería haber servido para equiparar los salarios, sin embargo, no ha sido así, por lo cual entendemos que el problema es sistémico.
La solución exige democratizar de manera absoluta la economía desde su misma raíz, es decir el hogar y la familia, para llegar al mismo sistema basado en la acumulación de la riqueza y cambiarlo.

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domingo, 25 de febrero de 2018

Una alternativa Pirata al contrato único

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En el 2011, el Nobel de Economía Christopher Antoniou Pissarides,en una entrevista en El País defendía los mismos postulados que el Manifiesto de los 100 economistas, confeccionado un año antes y en plena recesión económica (por cierto, que algunos de los más insignes firmantes ya casi daban por concluida), que intentaba dar una alternativa, pecando de inocencia a nuestro modo de ver, al disparate de la multiplicidad de modelos de contrato laboral existente en nuestro país y a la temporalidad.
La alternativa hemos de reconocer que es bastante atractiva, incluso podría ser positiva de no estar hablando de España, con su clase política, empresarial y judicial. No podemos negar la gran experiencia del señor Pissarides, sin embargo, lo que tampoco podemos negar es el gran desprecio que muestra hacia el trabajador, al que prácticamente culpabiliza por no encontrar trabajo, dando como solución el abaratamiento del mismo y poner a disposición del trabajador información de dónde encontrar trabajo. Por supuesto, la misma emigración de trabajadores que provocó la crisis ya nos muestra lo equivocado que está o el interés bastardo de su afirmación, cuando el parado es capaz de abandonar su tierra y su familia con tal de encontrar trabajo.
Son muchos los errores en que, a nuestro parecer, caen los economistas que defienden este modelo de contrato único, uno de ellos es comparar la crisis económica española con la del resto de países de la Unión. No es lo mismo España que Francia, con un sistema financiero afectado también por la crisis, pero sin la terrible mochila de unas pérdidas astronómicas derivadas al mal uso del dinero. Y no es lo mismo partir de un desempleo estructural del 8% y con una tasa de empleo en la construcción muy elevada, al de uno igual pero debido a circunstancias de reestructuración económica e industrial, y con un modelo de economía productivo y muy diversificado. En España al 8% de paro se le llama pleno empleo, mientras que en Francia crisis. La diferencia es sustancial.
La pérdida del rescate bancario por parte del banco de España, cuando en el resto de países se ha podido recuperar, ya demuestra la gran diferencia entre la crisis española y la del resto de países afectados por la última crisis financiera.
La crisis española surge por otras causas, incrustadas en su sistema político y social basado en el clientelismo y a una economía de la corrupción solo comparable a la griega. Si a eso añadimos el histórico modelo de crecimiento de nuestro país, sustentado en la especulación inmobiliaria, y una crisis financiera internacional, sin ninguna duda podemos dibujar la Tormenta Perfecta hispana.
Una de las explicaciones que se plantean por la falta de recuperación del empleo, es la gran diferencia entre el contrato indefinido y el temporal, y la falta de responsabilidad empresarial para gestionarlos. Es evidente que la dualidad, en cuanto al uso de esos dos modelos de contrato, debería desaparecer, pero no por la desincentivación que provoca sino por su injusticia. Este modelo solo consigue que trabajadores con contrato antiguo y salario justo, produzcan tanto o menos en algunos casos, que jóvenes con contrato precario y bajo salario, haciendo que el aumento de la competitividad recaiga sobre esos últimos, en cambio de a la gestión de la misma empresa y del global de los trabajadores.
No es la primera vez que llamamos la atención sobre la gran paradoja de que el mismo trabajador español aumente significativamente su productividad, aun trabajando menos horas, al emigrar y trabajar en una empresa extranjera. Lo cual hace evidente que la competitividad de la empresa española no depende del salario de este trabajador, de su capacidad productiva o del modelo de contratación al que se ha acogido, sino de la gestión de la misma empresa o del país donde está ubicada.
La solución que se propone en el Manifiesto de los 100 economistas es un contrato único con indemnizaciones crecientes, de modo que el empresario gana en seguridad en el caso de una caída de resultados y, sin embargo, el trabajador que se adapta o es productivo gana a partir del segundo año.
En la propuesta la indemnización por despido improcedente en el contrato temporal sería de doce días por año trabajado (cuando se planteó estaba en ocho). Mientras que en el indefinido se limitaría a treinta y tres en cambio de los cuarenta y cinco, que era lo que marcaba la ley en el 2010.
Obviamente, en este caso el trabajador es quien claramente pierde. De hecho la injusticia no está en la diferencia sino en lo miserable de la indemnización del contrato temporal. Lo único que el gobierno adoptó de la propuesta es la indemnización de los treinta y tres y de los doce días, es decir que si el trabajador fijo tiene un contrato posterior al 12 de febrero del 2012, en el mejor de los casos cobraría treinta y tres días por año trabajado, mientras que doce en caso de ser temporal.
La propuesta no solo elimina el modelo de contrato sino también la maraña de modalidades que le acompañan. Según la actual legislación en España, que podemos encontrar en su web, coexisten tres modelos de contrato indefinido y ocho de temporal. Sin embargo, dentro de las tres modalidades de indefinido podemos encontrar quince más, a las que hay que sumar veinte en las temporales. Por supuesto, esta propuesta simplificaría mucho el ordenamiento, aunque lo consideremos desacertado en algunos casos.
Es mucho mejor, en este caso, la propuesta del Servicio de Estudios del BBVA, de limitar el sistema a tres modelos, el fijo, el temporal y el de aprendizaje, pero todos ellos dentro de un mismo modelo de contrato.
Tanto BBVA Research como el grupo de economistas de FEDEA reconocen la gravedad de la distorsión entre los países más adelantados de la UE y los más atrasados. España y Grecia son, con mucho, los países con mayor indemnización por despido, y curiosamente también los que tienen mayor tasa de desempleo de Europa; sin embargo, en el caso de España no podemos caer en la trampa de relacionar la elevada indemnización con el desempleo, ya que no es lo mismo ser un desempleado en los países con la indemnización más baja, con prestaciones y protección jurídica, que superan con mucho las que cualquier trabajador español en paro podría soñar. La implementación, hace ya muchos años, del contrato temporal no consiguió que disminuyera el paro; sin embargo, la indemnización por su finalización es prácticamente idéntica a la de los países con menor tasa de desempleo.



La implantación de la propuesta de los 100 economistas no serviría al fin supuestamente previsto, que es el aumento del empleo. Curiosamente la medida no parece diseñada para eliminar la precariedad del mismo, que es el principal problema de nuestro sistema económico, sino la temporalidad, que es precisamente lo que este modelo de contrato terminaría potenciando en sus dos años de inicio. Además el trabajador perdería la capacidad de gestionar su vida laboral, al no saber con certeza cuando termina su contrato.
Los impulsores de la indemnización creciente aseguran que debería servir como incentivo para que la empresa se quede con los trabajadores, una vez pasado los dos primeros años. Y la idea es correcta, pero en un país muy distinto al nuestro, en el que sea imposible el fraude en los contratos temporales. De hecho con este contrato se está incentivando una vez más el aumento de la rotación de los trabajadores, tal como ya sucede con los actuales contratos temporales y de aprendizaje.
La actual legislación dice que los contratos temporales solo pueden servir para trabajos temporales, que es donde hoy por hoy existe más fraude. Las empresas contratan trabajadores temporales para desarrollar trabajos fijos, saltándose la legislación con absoluta impunidad, ya que apenas existe penalización en caso de ser descubiertas o denunciadas. Eso puede comprobarse principalmente en las empresas de servicios. El contrato único legalizaría esta situación que ahora podría perseguirse por fraude, con el agravante que el trabajador tendría más indefensión, ya que el contrato único carece de fecha límite; tanto puede durar tres, seis o doce meses, a voluntad del empresario. De manera que la dualidad de contrato temporal e indefinido seguiría existiendo, con la salvedad de que la duración del primero dependería por completo de la voluntad del empresario, sin ninguna obligación contractual.
BBVA Research propone un radical cambio en el sistema de indemnización por finalización del contrato, haciendo que la del temporal sea más elevada que la del indefinido. Aunque para nosotros no lo sea, eso convertiría el sistema de contratación en único, con las tres modalidades integradas en él, haciendo mucho más atractivo el indefinido. De este modo el empresario intentaría por todos los medios conservar al trabajador. El contrato indefinido también tendría una indemnización creciente, hasta alcanzar la máxima de doce meses si se trata de despido procedente, y de veinticuatro si es improcedente (no hemos encontrado el baremo de indemnización que propone, ni en el indefinido ni en el temporal). Se supone que en caso de una rescisión anticipada, el contrato sería tratado automáticamente como temporal; sin embargo, no explica cómo evitar que el empresario no espere un día más del cambio de contrato para pagar mucho menos.
El culpable de la elevada tasa de desempleo en España no es la maraña de modelos de contratación o la pervivencia del contrato indefinido, sino algo más sencillo y lacerante, la falta de empleo; de lo contrario, en Euskadi y Catalunya las tasas se mantendrían muy elevadas también -recordemos que antes de la crisis la tasa de desempleo en Euskadi era de las más bajas de Europa-. Por consiguiente el problema hay que buscarlo en otra parte, principalmente en las características socioeconómicas de cada una de las Comunidades Autónomas y de sus provincias; y si lo hemos de comparar con Euskadi, en el modelo de crecimiento.
La solución a la temporalidad no es el contrato único con indemnización creciente. Y no obstante la importancia de reducir y clarificar la gran maraña de modelos de contratación, es necesario mantener los que sirven para casos muy concretos y especiales, pero con un buen sistema de control, no tan difícil de ejercer con las nuevas tecnologías y con un sistema de protección al denunciante, además de un cambio en la política sancionadora.
La diferencia en la indemnización entre el firmante del contrato temporal y del fijo es injusta y carece de sentido. Un trabajador es rentable por el trabajo que realiza, que en principio debería ir en proporción al salario que percibe. Es ridículo pensar que será más o menos productivo por la indemnización recibida en caso de despido. El trabajador no busca un empleo con la presunción que será despedido.
A nuestro modo de ver la modalidad de contrato único con tres partes diferenciadas que propone BBVA Research es el correcto, pero con la misma indemnización para el temporal y el indefinido, y con la limitación de doce meses en caso de despido procedente, y a juicio del tribunal a partir de los veinticuatro en el improcedente; no obstante, no nos gustaría dejar de lado la posibilidad de aumentar unos puntos en casos muy concretos, como la ayuda a la contratación de incapacitados, etc., pero siempre dentro del mismo marco.
El contrato quedaría, en este caso, como único con los tres cuerpos, el del aprendizaje, el temporal, de un máximo de dieciocho meses; y, por último, el indefinido. El primero obviamente sin indemnización, pero con un compromiso expreso de pasar al segundo tramo en el momento de su finalización. El segundo con una indemnización de treinta días que se añadiría ya directamente al salario, tal como si fuera una tercera paga doble prorrateada. De este modo el trabajador no la percibiría en su liquidación, pero en cambio obtendría un salario más elevado. El empresario se tomaría mucho más en serio la contratación, intentando por todos los medios, en caso de interesarle el trabajador, convertirlo a fijo. El trabajador, no obstante, obtendría la seguridad deseada a costa de la parte de la indemnización, que recuperaría de inmediato en caso de despido improcedente antes de vencer los dieciocho meses, más una indemnización proporcional al perjuicio sufrido.


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domingo, 8 de octubre de 2017

CRÓNICA DE UNA JORNADA, EL UNO DE OCTUBRE

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Si quieres ver recortes de vídeos e imágenes del uno de octubre sin censura:

SINFILTROS, EL UNO DE OCTUBRE EN BARCELONA



Me levanto pronto para ir a votar. Imagino que seré de los primeros, aun sabiendo que muchos han pasado la noche en vela en el interior del colegio, mientras que otros están desde la cinco de la mañana en la puerta, por si lo han de defender.
En principio deberían abrir a las nueve, pero tal como está el operativo policial mejor no hacer cálculos. Sé que las papeletas y las urnas han llegado escondidas entre ropa y comida, y también que los sistemas informáticos están a punto.
Llego a las ocho y media con mi compañera, un poco mareada todavía por la reciente intervención en la base del cráneo, pensando que encontraré algo de cola, ya que por mi calle, una de las muchas que llevan al colegio, ya somos unos cuántos. Sin embargo, lo que veo me sobrecoge: una gran cantidad de personas agrupadas en la puerta, preparada para defenderla ante cualquier eventualidad, son vecinos y vecinas de todo el barrio. Algunos los conozco solo de vista, a otros más, que saludo como puedo y de lejos.
Del barullo salen dos inmensas y nutridas colas que se pierden en ambas esquinas, No son colas de personas en fila sino de dos o tres de ancho. Algunos niños, pocos, seguramente porque sus padres no sabían con quién dejarlos. Veo familias enteras, de abuelos, hijos y nietos; y grupos de amigos, que evidentemente han quedado para hacerse compañía.

Me sitúo en el final de una de las colas, que en pocos minutos se alarga tras mío. Frente a mi hay un grupo de amigas, una de ellas funcionaria, que hace de informante entre la cabecera y nosotros. Tras mío una joven pareja con dos mellizos en un cochecito. En un cuarto de hora la cola ya da la vuelta a la siguiente esquina y el colegio todavía no ha abierto las puertas. Un coche de los mossos pasa por delante. Sus ocupantes ni siquiera miran.
Al poco de abrir un mensajero de la organización da una vuelta para explicar que los ancianos, los impelidos y los que llevan niños pequeños, pueden adelantarse con un acompañante.
Mi compañera reconoce que no podrá aguantar y a los pocos minutos se acerca a la cabecera. Yo, sin embargo, me quedo en la cola. Es mi obligación para poder informar en todo momento a mis compañeros repartidos por todo el país, y estar informado para dar cuenta de la situación a la gente que quiere votar.
Y pronto veo como algunos ancianos y vecinos en silla de ruedas van pasando por delante, muchos menos de los que cabría esperar. Empieza a llover y mis compañeros me avisan por Telegram que la policía ya ha cargado en un colegio. Me vuelvo a la pareja y les digo que pasen, que no se corten. No quiero alarmar a nadie antes de tiempo, pero me preocupan los mellizos. Ellos dicen que no, igual que muchos otros, ancianos incluidos, que aguantan estoicamente. Salgo de mi sitio para dar una vuelta por toda la cola. Muchos me miran a los ojos y sonríen, algunos levantan la mano tímidamente, es una manera discreta de decirme que me han reconocido. De un grupo de chicos y chicas sale una voz que grita ¡Pirata!, levantando las manos con las palmas abiertas moviendo las muñecas; es el símbolo del 15M, un momento que por su edad ellos ni estaban. Les sonrío y respondo con el mismo gesto, y la gente aplaude instintivamente. Sigo andando y un matrimonio de mi edad que no conozco grita: ¡Pirata! ¿Estáis pirateando no? ¡Seguid así! Y no puedo más que acercarme y responder al saludo y la pregunta. Me seco los ojos, estoy llorando, quizá por vez primera en muchos años.
Sigo la ronda, alguno me observa con desconfianza, quizá pensando que soy un informante; no obstante, cuando ve que alguien de la cola me saluda, se tranquiliza. Veo que las dos colas se encuentran a medio camino cruzándose por la cantidad de gente que hay, calculo que más de mil personas, muchas más. Llego a la cabecera y entro en su grupo para saber cómo va, y asombrado descubro que casi todos los concentrados me conocen, algunos incluso me llaman por mi nombre. No sé quienes son. Al otro lado, apostados en la acera y entre los que toman fotos para la posteridad, creo distinguir a dos policías infiltrados. A nadie parece importarle.

Por Telegram me dicen que veinte furgones se acercan al barrio. Vuelvo a mi sitio de la cola y lo digo en voz alta, luego me vuelvo a la pareja con los niños y les digo que intenten entrar ahora, que aún pueden. Ellos se niegan, prefieren turnarse, el padre se va con los niños, mientras la mujer se queda a mi lado. Explico que ya hay los primeros heridos y nadie se inmuta. Creo que el más preocupado soy yo. Nadie hace el gesto de marchar, ni siquiera cuando enseño las fotos. Solo oigo quejas por la lluvia que ya empieza a arreciar. Un mensajero de la entrada avisa que la policía ha cargado y entrado en Can Vilumara, por si alguien quiere irse. Nadie se va, al contrario, algunos responden que si necesitan ayuda que avisen de algún modo. De los colegios atacados me llega nota que la policía ha tenido que marchar, eso sí, dejando muchos contusionados y algún herido. Recibo la foto de una chica votando con el cuerpo magullado y la cara llena de heridas. Entonces me doy cuenta que a esta gente no le podemos fallar y que los fascistas han perdido la batalla de Catalunya, al menos la primera.

Tras tres horas de cola al final consigo votar, en blanco tal como obliga mi modo de pensar. Doy otra vuelta, parando de vez en cuando para dar ánimos o hablar un rato con los que me saludan sin timidez. Y sigue llegando gente, esta vez sabiendo el riesgo que va a correr, ya que empiezan a llegar noticias de todos los colegios atacados con fotos de personas heridas. La represión ya es pública y está dando la vuelta por todo el mundo. Llueve mucho más, pero nadie cede ni se queja. El agua se desliza libremente en grandes chorretones por las cabezas y los hombros de la gente que hace cola. Muchos no podrán votar, lo intuyen, pero no por ello abandonan su lugar.

Llego a casa, almuerzo con mi compañera y después leo los mensajes que me van llegado de todos los sitios. En muchas poblaciones no se ha podido votar. La policía ha arrasado, llevándose incluso juguetes y libros de las escuelas. En otras han reventado las puertas de la escuela o incluso las dependencias municipales. Amigos de la infancia y familiares me dicen que no han podido votar, uno de ellos lo ha intentado hasta cuatro veces.
Al día siguiente me hablan de tres millones de DNIs registrados, es decir más de la mitad del censo, una proeza dadas las circunstancias. Si extrapolo el porcentaje de mis conocidos que no han podido hacerlo, calculo que es entre un 10 y un 20%. Impresiona, porque demuestra que mucha gente del No o en Blanco como yo, que se decidió a última hora al ver la represión, lo ha intentado sin haberlo conseguido.

Pase lo que pase y piense lo que piense, ahora estoy convencido que la mayoría de este país, sea separatista o no, se siente prisionera de España; que seguramente llevará tiempo y esfuerzo, pero que muchas plazas y calles llevarán el nombre de Uno de Octubre, y que se levantarán monumentos en honor a la gente que este día dio la cara.


Esa es la crónica de un pirata descreído de banderas y de fronteras, que seguramente ha ayudado, no a crear una, como podría parecer, sino a destruir unas cuantas.


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sábado, 23 de septiembre de 2017

CATALUNYA VERSUS ESPAÑA


El negarse el Estado a negociar, decidió a Colau dar el paso definitivo.

Antes de empezar un debate sobre el SI o el NO, creo que se tendría que hablar de algo que todos evitan, de un lado por un falso orgullo y del otro por la negativa de la responsabilidad; y es que actualmente, y seguramente durante muchos años, es más inviable una España sin Catalunya que una Unión Europea sin Francia.

La España actual se ha estructurado alrededor de un sistema económico e impositivo que la convierte en dependiente de unas cuantas regiones, y Catalunya es una de ellas. Para que entendamos la situación, actualmente Catalunya es netamente importadora de productos del resto de España, es decir, que compra más de lo que vende; sin embargo, es netamente exportadora al resto del mundo. Paradójicamente sin Catalunya el PIB español apenas bajaría; sin embargo, la economía española de base no está preparada para exportar bienes de elevada plusvalía, aunque si para consumirlos. Eso no significa que el resto de España no produzca lo suficiente, al contrario, sino que su sistema productivo depende en gran medida de lo que se produce en la periferia.
Sin Catalunya, la administración española tendría que encogerse de manera considerable, principalmente entre el alto funcionariado, lo cual en si no es una mala noticia, dado que es un cambio pendiente y necesario que hasta ahora nadie ha querido afrontar. Este funcionariado, anclado a una mentalidad absolutamente imperialista y centralista, es el que defiende su espacio de influencia, aunque sea sacrificando al mismo estado, de eso que la administración española haya sido tan reacia a aceptar cualquier cambio llegado desde lo que llama periferia.

No es responsabilidad única del castellano el que España esté estructurada de modo tan dependiente. Un país no se construye pensando en la posibilidad de disolverse, por lo que es responsabilidad de todas y cada una de las regiones, parte de su buen funcionamiento. Por supuesto, si una de ellas quiere marchar, nadie puede impedirlo, pero no podrá hacerlo sin una negociación que ha de comportar una buena salida para todos, es decir, que la región que abandone la disciplina administrativa o de Estado, deberá seguir asumiendo su parte de responsabilidad para el buen funcionamiento de cada una de ellas y su conjunto.

En el caso que nos ocupa la situación se complica. La negativa a negociar cualquier salida razonable solo puede llevar a una rotura traumática en la que todos saldrán perdiendo, el catalán no lo percibirá así, ya que para él cualquier sacrificio es bueno para la consecución de su objetivo. No así el castellano, que perderá doblemente, culpando primero al catalán sedicioso y en segundo término a su clase política y militar, que se habrán descubierto inútiles.
El PP valora la situación desde la perspectiva electoral y no de la supervivencia del Estado en si. Para él la pervivencia de su liderazgo va directamente relacionada con la del estado, y la población española, haciendo gala de su típico talante, no duda en premiar y aplaudir la represión autoritaria de la sediciosa región periférica. El conflicto entra así en una dimensión que seguramente pocos habían previsto, el de la población de un país contra la de otro, o al menos parte de ellas. La opresora, que se resiste a dejar de serlo, contra la oprimida, que ha decidido dejarlo de ser cueste lo que cueste.
Y es que el catalán, antes conciliador y hasta complaciente, ha perdido su timidez y su miedo. Ha descubierto o está convencido que por mucho que deba sacrificar, cualquier cosa es mejor que seguir en un estado anclado en el siglo XIX, con una sociedad sin autoestima ni cohesión, dependiente de las eternas ayudas de sus vecinos más ricos, que prefiere ver a sus hijos emigrar antes que entrar en la modernidad.

Una de las grandes excusas de esta pequeña o gran revolución independentista (el tiempo dará su real medida), es la presunción que a partir del día uno de octubre todo será distinto, da lo mismo que haya o no independencia. Y no es así. La independencia es inevitable, en este aspecto ya nada será igual, la relación del resto de España con Catalunya irremediablemente cambiará y con el tiempo se irá disipando, porque sin un cambio tan radical como imposible, la Catalunya que quede será ingobernable desde Madrid, a no ser a través de una constante e insoportable represión que invariablemente la empeorará. Sin embargo, ni para una ni para otra, haya o no independencia, significará un cambio social de envergadura, para España menos todavía, ya que su población todavía se encerrará aún más en su pequeño y depresivo mundo, dando la espalda a cualquier atisbo de cambio. Mientras que en Catalunya seguirá gobernando una oligarquía legitimada por el falso triunfo o fracaso, que tendrá que pagar el precio de la revolución a costa de los servicios públicos y el bienestar futuro de una población tan satisfecha como engañada y subyugada por otros poderes más crueles si cabe.

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sábado, 5 de agosto de 2017

TIEMPO Y LECTURA




Hoy, mientras escribía unas líneas en mi trabajo sobre Democracia Participativa, no he podido más que pensar sobre quien me lee y por qué.
El lector medio español, no puedo opinar sobre el resto de Europa, no pasa de leer los titulares de cualquier artículo, sea relacionado con la política, o de interés científico o social. Es difícil encontrar alguien que lea, no ya el artículo entero sino los primeros o últimos párrafos, y aún más quien se lo haya leído entero.
Cuando escribimos sobre temas complejos, intentamos ser lo más amenos y escuetos posible, lo primero para llegar al público en general; lo segundo para no asustar al posible lector, ya que si el trabajo ocupa más de dos páginas, no pasa del título. Y si por sus características tiene que ser largo, no nos queda otra que separarlo con gráficos, o de lo contrario pasará sin pena ni gloria.

Con mis pequeños artículos sobre economía he conseguido bastante seguimiento, creo que gracias a haber entendido el problema. Esos artículos los redacto con lenguaje llano y ameno, sin apenas tecnicismos. Quizá haya sido haber estudiado economía sin trabajar como tal, lo que me ha brindado la posibilidad de escribir con el lenguaje llano, de quien entiende de bolsillo y del mercado de legumbres, pero sin entrar en el mundo de la Deuda Subordinada, los Híbridos de Capital, los Activos Subyacentes o los Derivados Financieros. Porque al lector le puedes hablar de deuda o de capital, pero en cuanto entras a lo de subordinada o de híbridos, lo primero que piensa es que no vale la pena seguir porque no lo entenderá; y si por casualidad indaga, descubre que se lo podrían haber explicado de otro modo, y que si no lo han hecho es porque son estúpidos o solo querían tomarle el pelo.

Para el que me sigue un poco, no aquí sino en los artículos que he escrito en Pirates de l’Hospitalet, le será fácil entender que podría haber escrito un libro sobre economía; sin embargo, he preferido ir escribiendo pequeños artículos sobre temas concretos y a medida que la sociedad los demandaba.
Pero ahora, ante el desafío de escribir sobre Democracia Participativa, un tema en el que creo estar más preparado, no veo cómo puedo fraccionarlo y hacerlo ameno.
La Democracia Participativa no creo que merezca un libro, a no ser que queramos explicar todos los procesos participativos, sus variables y las circunstancias que los acompañaron. Con diez páginas habrá suficiente, pero son muchas, muchísimas, para la mayoría de los posibles lectores.
El mismo tema ya descubre el problema. En las ciudades españolas donde se ha implementado un sistema participativo, la implicación ha sido menor que para organizar cualquier acto lúdico. En las ciudades catalanas se implica más gente en los correfocs que en los presupuestos participativos.


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